Extinción de la deuda tributarias
Las deudas podrán extinguirse por pago, prescripción, compensación, deducción sobre transferencias, condonación, por los medios previstos en la normativa aduanera y por los demás medios previstos en las leyes, lo que se conoce como liquidación de tributos..
Entiende la Ley General Tributaria (LGT) que, la liquidación del tributo es el acto o serie de actos necesarios para la comprobación y valoración de los diversos elementos constitutivos de la obligación tributaria, con la consiguiente aplicación del tipo de gravamen y la concreta determinación cuantitativa de la deuda del contribuyente.
Ley General Tributaria Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria (modificada por las Leyes 10/1985, de 26 de abril, 25/1995, de 20 de julio, y 1/1998, de 26 de febrero) esta Ley dejará de estar en vigor el 1 de julio de 2004, fecha en la que entra en vigor la nueva Ley General Tributaria Ley 58/2003, de 17 de diciembre (B.O.E. nº 302, de 18 de diciembre)
El pago de deudas tributarias
- El pago en efectivo de la deuda tributaria podrá realizarse por los medios y en la forma determinados reglamentariamente.
- Cuando el pago de las deudas tributarias se realice y acredite mediante efectos timbrados, la forma, estampación, visado, inutilización, condiciones de canje y demás características se establecerán por disposiciones reglamentarias.
El pago de las deudas tributarias, deberán hacerse dentro de los plazos que determine la normativa reguladora del tributo o, en su defecto, la normativa recaudatoria.
El vencimiento del plazo establecido para el pago o liquidación de impuestos o tributos, sin que éste se efectúe, determinará el devengo de intereses de demora.
De igual modo se exigirá el interés de demora en los supuestos de suspensión de la ejecución del acto y en los aplazamientos, fraccionamientos o prórrogas de cualquier tipo.
Liquidación tributaria presentada fuera de plazo
Los ingresos correspondientes a declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo, así como las liquidaciones derivadas de declaraciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo, sufrirán un recargo del 20 por 100 con exclusión de las sanciones que, en otro caso, hubieran podido exigirse pero no de los intereses de demora. No obstante, si el ingreso o la presentación de la declaración se efectúa dentro de los tres, seis o doce meses siguientes al término del plazo voluntario de presentación e ingreso, se aplicará un recargo único del 5, 10 ó 15 por 100 respectivamente con exclusión del interés de demora y de las sanciones que, en otro caso, hubieran podido exigirse.
Estos recargos serán compatibles, cuando los obligados tributarios no efectúen el ingreso al tiempo de la presentación de la declaración-liquidación o autoliquidación extemporánea, con el recargo de apremio previsto en el art. 127 de esta ley.
Aplazamiento de deudas tributarias
En los casos y en la forma que determine la normativa recaudatoria, la Administración tributaria podrá aplazar o fraccionar el pago de las deudas tributarias, siempre que la situación económico-financiera del deudor le impida, transitoriamente, hacer frente a su pago en tiempo.
Las deudas aplazadas deberán garantizarse, en los términos previstos en la normativa recaudatoria, excepto en los casos siguientes:
- Cuando las deudas sean inferiores a las cifras que fije el Ministro de Economía y Hacienda en atención a la distinta naturaleza de las mismas.
- Cuando el deudor carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda, y la ejecución de su patrimonio afectara sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o bien produjera graves quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública.
Las deudas tributarias se presumen autónomas.
En los casos de ejecución forzosa en que se hubieran acumulado varias deudas tributarias del mismo sujeto pasivo y no pudieran satisfacerse totalmente, la Administración, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, aplicará el pago al crédito más antiguo, determinándose su antigüedad de acuerdo con la fecha en que fue exigible.
Cuando se hubieran acumulado varias deudas tributarias, unas procedentes de tributos de la Hacienda pública y otras de tributos a favor de otras Entidades, tendrán preferencia para su cobro las primeras, salvo la prelación que corresponda con arreglo a los arts. 71, 73 y 76 de esta ley.
El cobro de un débito de vencimiento posterior no extingue el derecho de la Hacienda Pública a percibir los anteriores en descubierto.
Los sujetos pasivos podrán consignar el importe de la deuda tributaria, y, en su caso, las costas reglamentariamente devengadas en la Central de la Caja General de Depósitos o en alguna de sus sucursales, con los efectos liberatorios o suspensivos que las disposiciones reglamentarias determinen.
La prescripción de la deuda Tributaria
La prescripción de las deudas tributarias o incluso de los impuestos -taxex- es una forma de extinción de la obligación tributaria, ésta al igual que el resto de las obligaciones reguladas por el Derecho Privado, puede extinguirse por prescripción.
La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria , que ha tratado de mantener en términos similares a la legislación anterior la estructura básica de la prescripción, si bien existen algunas modificaciones y novedades, dedica una serie de preceptos que contienen normas especiales para la regulación de esta materia, en los artículo 66 a 70, en los cuales no se define qué debemos entender por prescripción tributaria.
El Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, que aprueba el Reglamento de Recaudación de los Tributos, no contiene ninguna norma al efecto, únicamente el artículo 32 señala que la deudas podrán extinguirse, entre otras formas, por prescripción, pero en ninguno de sus preceptos regula esta institución, por tanto la normativa está prevista en la LGT .
Prescribirán a los 4 años los siguientes derechos y acciones:
- El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación
- La acción para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas.
- La acción para imponer sanciones tributarias
- El derecho a la devolución de ingresos indebidos”
El Tribunal Supremo ha definido la prescripción en sentencia de 27 de septiembre de 2002, señalando que “la prescripción del derecho a liquidar la deuda tributaria o a pedir la devolución de ingresos indebidos, significa que la Hacienda Pública, en el primer caso, o el contribuyente en el segundo son titulares de un derecho subjetivo que, sin embargo, se extingue como consecuencia de su no ejercicio durante el plazo de cuatro años, transcurridos los cuales tales derechos decaen, desaparecen; y ese plazo de cuatro años puede ser objeto de interrupciones y reanudaciones para su cómputo total”.
La Ley General Tributaria distingue entre la prescripción del derecho a liquidar la deuda y la prescripción de la acción para exigir la deuda ya liquidada, -expresiones que ya se utilizaban en la LGT de 1963 ,- hay que entender referidas dichas expresiones, respectivamente, a la prescripción de la obligación tributaria como consecuencia de la no actuación de la potestad liquidatoria y a la prescripción de la obligación tributaria como consecuencia de la no actuación de la potestad recaudatoria. Se trata de dos plazos de prescripción que se proyectan sobre la misma obligación, pero que son conceptualmente distintos, son dos situaciones distintas e independientes, en cuanto que surgen de presupuestos distintos (es decir, de un tipo de inactividad distinto) y, por ello, como veremos, producen un efecto distinto; pueden correr sucesiva o paralelamente, según los casos; e incluso, son susceptibles de interrupción autónomamente.
Fuente de información principal: Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria