El interés legítimo en el tratamiento de datos personales

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El interés en el tratamiento datos personales

El interés legítimo de un responsable del tratamiento de datos personales, incluso el de un responsable del tratamiento al que se puedan comunicar datos personales, o de un tercero, puede constituir una base jurídica para el tratamiento de los datos personales, siempre que no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades del interesado, teniendo en cuenta las expectativas razonables de los interesados basadas en su relación con el responsable.

Tal interés legítimo podría darse, por ejemplo, cuando existe una relación pertinente y apropiada entre el interesado y el responsable del tratamiento, como en situaciones en las que el interesado es cliente o está al servicio del responsable.

En cualquier caso, la existencia de un interés legítimo requeriría una evaluación meticulosa, inclusive si un interesado puede prever de forma razonable, en el momento y en el contexto de la recogida de datos personales, que pueda producirse el tratamiento con tal fin.

En particular, los intereses y los derechos fundamentales del interesado podrían prevalecer sobre los intereses del responsable del tratamiento cuando se proceda al tratamiento de los datos personales en circunstancias en las que el interesado no espere razonablemente que se realice un tratamiento ulterior.

Dado que corresponde al legislador establecer por ley la base jurídica para el tratamiento de datos personales por parte de las autoridades públicas, esta base jurídica no debe aplicarse al tratamiento efectuado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.

El tratamiento de datos personales estrictamente necesario para la prevención del fraude constituye también un interés legítimo del responsable del tratamiento de que se trate.

El tratamiento de datos personales con fines de mercadotecnia directa puede considerarse realizado por interés legítimo.

Base de información principal: REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016