Reclamación afectados por coronavirus Covid-19

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Reclamación afectados coronavirus COVID-19

Los afectados por el coronavirus COVID-19 ha dado lugar a una pandemia debido, entre otras causas, a  la falta de previsión de la Administración Pública española y ha sido más que evidente resultados desastrosos.

El tratamiento de la pandemia por el coronavirus COVID-19 en España, dando como resultado daños irreparables, desde la vida o integridad física a los daños económicos de las empresas, existen en la legislación española diversas formas de exigencia de responsabilidad por los daños y perjuicios causados que podrán exigirse tanto por vía penal, como civil o administrativa al Gobierno de España, es decir a la Administración Pública española.

Responsabilidad vía penal

Datos-covid-19-3-4-2020
Datos confirmados a fecha 3-4-2020

Desde nuestro punto de vista las acciones u omisiones de los responsables de la Administración Pública y por tanto de las personas que han tomado decisiones sobre la población española, pueden haber cometido diversos algún delito como:

Delito de Prevaricación administrativa (art. 404 CP):

Los requisitos para que se de el delito de prevaricación administrativa, son los siguientes:

  1. Una resolución dictada por autoridad o funcionario en asunto administrativo
  2. Que sea objetivamente contraria al Derecho, es decir, ilegal
  3. Que la contradicción con el derecho o ilegalidad, que puede manifestarse en la falta absoluta de competencia, en la omisión de trámites esenciales del procedimiento o en el propio contenido sustancial de la resolución, sea de tal entidad que no pueda ser explicada con una argumentación técnico-jurídica mínimamente razonable.
  4. Que ocasione un resultado materialmente injusto
  5. Que la resolución sea dictada con la finalidad de hacer efectiva la voluntad particular de la autoridad o funcionario y con el conocimiento de actuar en contra del derecho

El hecho de haber permitido concentraciones multitudinarias de personas, que entre las más sonadas es la del día 8 de marzo, en contra de las recomendaciones de la OMS, y el 2 de marzo anterior el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades había recomendado adoptar medidas contra el Covid-19, entre las que figuraban «medidas de distanciamiento social individual»..

La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, entre otras, autorizó 77 manifestaciones los pasados 7 y 8 de marzo, 55 de ellas, debidas o por el 8-M.

Responsabilidad vía administrativa: Responsabilidad Patrimonial de la Administración Sanitaria

Para exigir la responsabilidad pedida, han de estar probados los siguientes requisitos:

  1. a) efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupos de personas; 
  2. b) que el daño o lesión patrimonial sufrido sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa, inmediata y exclusiva de una causa efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir alterando el nexo causal; 
  3. c) que el daño sea antijurídico, no ya porque la conducta de su autor sea contraria al derecho, sino, porque el sujeto que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo, y, 
  4. d) ausencia de fuerza mayor.

La pérdida de oportunidad como base del daño o lesión 

El funcionamiento anómalo de los servicios sanitarios públicos que da lugar a la responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria es lo que se conoce como falta de oportunidad desde el punto de vista jurisprudencial, que en algunos casos tiene que ver con la lex artis y otros con la falta de medios necesarios que deberían de propiciarse por la Administración y no llegan a los centros hospitalarios.

La pérdida de oportunidad es una falta de actuación médica (falta de pérdida de alternativa de tratamiento), que en caso de haber existido se hubiera evitado o mejorado el deficiente estado de salud del paciente. 

La Responsabilidad Patrimonial de la Administración Sanitaria 

La responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria Pública o de la Sanidad Pública, fuera de lo que pudiera considerarse responsabilidad directa por dolo o culpa del sanitario (médico, enfermero, etc), se ha venido configurando dentro de la doctrina de la pérdida de oportunidad en nuestros Tribunales en estos últimos años, siempre en relación con responsabilidad en la medicina de ámbito publico que tiene como resultado un daño para el paciente..

Se ha venido aplicando en los supuestos en los que queda acreditado una concausa con el resultado final (el resultado lesivo no es imputable en exclusiva a la actuación sanitaria), y se traduce en una estimación parcial, de forma proporcional, atendiendo al porcentaje de culpa del agente interviniente en el daño final, dando lugar a la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública por no haber facilitado el material o los medios al personal sanitario o bien por el propio personal al no utilizar los medios a su alcance.

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