¿Cuando procede un recurso de casación para Funcionario Público?

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Cuándo Procede un Recurso de Casación para un Funcionario Público

El recurso de casación ante el Tribunal Supremo puede presentarse en casos donde se impugnan decisiones administrativas o judiciales sobre:

  • Sanciones disciplinarias impuestas a funcionarios.
  • Ceses, despidos o pérdida de la condición de funcionario.
  • Derechos retributivos y complementos salariales.
  • Situaciones administrativas (excedencias, jubilaciones forzosas, etc.).
  • Concursos, promoción interna y oposiciones.
  • Negación de compatibilidades.

Para que el Tribunal Supremo lo admita, debe tener interés casacional objetivo, es decir, el caso debe afectar a la interpretación de normas generales y no solo a una situación personal.


2. Procedimiento del Recurso de Casación

Fases del Procedimiento

  1. Interposición del recurso
    • Se presenta ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) o la Audiencia Nacional, según haya dictado la sentencia.
    • Se debe justificar el interés casacional objetivo.
  2. Decisión sobre la admisión
    • El TSJ o la Audiencia Nacional evalúan si el recurso es admisible.
    • Si lo admiten, lo envían al Tribunal Supremo.
  3. Formalización del recurso
    • En un plazo de 30 días, se presenta el escrito de formalización, donde se detallan:
      • Las normas infringidas.
      • Los argumentos jurídicos.
      • Referencias a jurisprudencia aplicable.
  4. Trámite de alegaciones
    • La Administración Pública y otras partes pueden presentar alegaciones en 30 días.
    • Puede haber una vista oral si el Tribunal Supremo lo considera necesario.
  5. Sentencia del Tribunal Supremo
    • Puede anular la sentencia recurrida y sentar doctrina.
    • Si no estima el recurso, la sentencia anterior queda firme.

3. Ejemplos de Recursos de Casación en Materia de Función Pública

  • Un funcionario sancionado por una falta grave recurre la sanción y el TSJ le da la razón. La Administración presenta casación alegando que afecta la interpretación de la norma disciplinaria.
  • Un funcionario reclama un complemento retributivo denegado por su Administración y el TSJ le da la razón. El Estado recurre en casación alegando que afecta a otros empleados públicos.
  • Un aspirante a una oposición impugna un proceso selectivo, y el TSJ falla a favor de la Administración. Si el caso tiene impacto general, podría recurrir en casación.

Artículo de tuabogadodefensor.com

31 enero 2025

Efectos de la paralización de desahucios por el Gobierno de España

Paralización desahucio

Efectos de la paralización de los desahucios por el Gobierno de España

La paralización de los desahucios por parte de la administración realizada mediante el Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2025, puede tener varios efectos, tanto positivos como negativos, dependiendo del contexto económico y social. Aquí algunos de los principales:

Efectos positivos

  1. Protección de personas vulnerables: Evita que familias en situación de vulnerabilidad queden en la calle sin una alternativa habitacional.
  2. Reducción de la pobreza y exclusión social: Disminuye el impacto negativo de la pérdida de vivienda en la calidad de vida de las personas.
  3. Estabilidad social: Previene posibles aumentos en la inseguridad y la conflictividad social derivados del aumento de personas sin hogar.
  4. Tiempo para soluciones estructurales: Da margen a las autoridades para implementar políticas de vivienda asequibles o programas de ayuda.
  5. Impacto positivo en la salud: Reduce el estrés y problemas de salud mental relacionados con la incertidumbre habitacional.

Efectos negativos

  1. Impacto en los propietarios e inversores: Los propietarios pueden enfrentar pérdidas económicas al no poder recuperar sus inmuebles ni recibir rentas.
  2. Desincentivo a la inversión inmobiliaria: Puede reducir la confianza en el mercado del alquiler, haciendo que menos personas inviertan en viviendas de alquiler.
  3. Aumento de la morosidad estratégica: Algunas personas podrían aprovechar la medida para no pagar alquiler o hipoteca incluso cuando tienen la capacidad de hacerlo.
  4. Presión sobre los recursos públicos: La administración debe asumir el costo de compensaciones, asistencia legal y programas de vivienda alternativos.
  5. Distorsión del mercado de alquiler: Puede reducir la oferta de viviendas en alquiler si los propietarios temen no poder recuperar sus propiedades.

Consideraciones

  • La efectividad de la paralización de desahucios depende de que vaya acompañada de políticas que equilibren la protección de inquilinos y propietarios.
  • Medidas complementarias como ayudas al alquiler, mediación entre las partes o incentivos fiscales pueden mitigar efectos negativos.
  • Es importante establecer criterios claros sobre quiénes pueden beneficiarse para evitar abusos y garantizar justicia para ambas partes.

Artículo de tuabogadodefensor.com

30 de enero de 2025

Responsabilidad penal de los partidos políticos en España por Abogados expertos

⚖️ Responsabilidad penal de los partidos políticos en España

Desde la reforma del Código Penal en 2012, los partidos políticos pueden ser penalmente responsables por determinados delitos cometidos en su beneficio. Esta medida supuso un avance en la lucha contra la corrupción y el fraude en la gestión pública y política. En este artículo te explicamos qué es la responsabilidad penal de los partidos políticos, qué delitos pueden cometer y qué consecuencias legales tiene.

🏛️ ¿Desde cuándo responden penalmente los partidos políticos?

La Ley Orgánica 7/2012 introdujo por primera vez en el Código Penal la posibilidad de exigir responsabilidad penal a los partidos políticos. Esta figura se recoge en el artículo 31 bis del Código Penal, que establece que las personas jurídicas, incluidos partidos y sindicatos, pueden ser penalmente responsables por delitos cometidos por sus directivos o representantes.

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📜 ¿Qué delitos pueden imputarse a un partido político?

Los partidos políticos pueden ser responsables por delitos como:

  • Cohecho (sobornos).
  • Tráfico de influencias.
  • Fraude a la administración pública.
  • Malversación de fondos públicos.
  • Financiación ilegal de partidos políticos (art. 304 bis CP).
  • Blanqueo de capitales.

💼 ¡La persona jurídica también responde! Nuestros abogados en delitos económicos y corrupción actúan tanto en defensa como en acusación.

⚠️ Requisitos para la responsabilidad penal

Para que un partido sea penalmente responsable, deben cumplirse:

  1. Que el delito lo haya cometido un representante legal, administrador o directivo.
  2. Que se haya actuado en beneficio directo o indirecto del partido.
  3. Que el partido no haya implantado medidas de control o prevención adecuadas.

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💣 ¿Qué penas pueden imponerse a los partidos?

  • Multas proporcionales al daño o beneficio obtenido.
  • Suspensión de actividades.
  • Disolución judicial del partido político.
  • Prohibición de contratar con la administración pública.

Estas penas pueden afectar gravemente la operatividad y reputación del partido.

📄 ¿Quieres presentar denuncia contra un partido político? Nuestros abogados penalistas te acompañan en el proceso.


📌 Contacta con Tu Abogado Defensor

En Tu Abogado Defensor contamos con experiencia en procesos penales complejos que afectan a partidos políticos, cargos públicos y organizaciones.

📞 Teléfono: +34 91 713 18 98
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Los delitos de corrupción política en España por Abogados expertos

🏛️ Delitos de corrupción política en España: lo que debes saber

La corrupción política es uno de los delitos que más afecta a la confianza ciudadana en las instituciones. Implica el uso indebido del poder público para obtener beneficios personales o favorecer intereses privados. En este artículo te explicamos qué se considera corrupción política en España, qué delitos la integran y cuáles son sus consecuencias penales.

⚖️ ¿Qué es la corrupción política?

La corrupción política consiste en el abuso del poder conferido a un cargo público para beneficio propio o de terceros. Aunque no existe un delito único denominado “corrupción política”, el Código Penal recoge diversos delitos que encajan en esta categoría, muchos de ellos cometidos por autoridades o funcionarios.

📢 ¿Sospechas de prácticas corruptas en una administración pública? Contacta con nuestros abogados penalistas en Madrid para asesoramiento confidencial.

📜 Principales delitos vinculados a la corrupción política

1. Cohecho (Art. 419 a 427 CP)

Cuando un funcionario o autoridad acepta, solicita o recibe dádivas o regalos a cambio de realizar (o no realizar) un acto propio de su cargo.

2. Prevaricación (Art. 404 a 406 CP)

Dictar una resolución injusta a sabiendas de su injusticia. Muy común en decisiones urbanísticas, adjudicaciones públicas o contrataciones irregulares.

3. Malversación de caudales públicos (Art. 432 a 435 CP)

Apropiación o uso indebido del dinero o bienes públicos por parte de quien los administra.

4. Tráfico de influencias (Art. 428 a 430 CP)

Influir sobre otro funcionario o autoridad para que adopte decisiones que beneficien a un tercero, con o sin contraprestación.

5. Fraude y exacciones ilegales (Art. 436 a 438 CP)

Ocultar o falsear datos en contratos o concesiones públicas, o exigir tributos ilegales.

🛑 ¡La corrupción tiene castigo! En Tu Abogado Defensor ofrecemos defensa y acusación en delitos contra la administración pública.

🚨 Consecuencias penales

Las penas por estos delitos pueden incluir:

  • Prisión (de 1 a 12 años según el tipo de delito).
  • Inhabilitación para cargo público.
  • Multas económicas.

En algunos casos, puede imponerse la devolución de lo defraudado o la prohibición de contratar con la administración.

⚖️ ¿Eres funcionario investigado por corrupción? Nuestros abogados defensores penales te ayudarán a preparar tu defensa.


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Inteligencia Artificial (IA) y Derecho

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La inteligencia Artificial (IA) y el Derecho

La relación entre Inteligencia Artificial (IA) y derecho abarca múltiples áreas, desde la regulación de la IA hasta su uso en la práctica legal.

La IA plantea desafíos jurídicos en términos de responsabilidad, privacidad, derechos dfundamentales y seguridad, mientras que también ofrece oportunidades para mejorar la eficiencia en la administración de justicia.

Regulación de la Inteligencia Artificial (IA)

Diferentes paises y organismos han empezado a regular la IA para evitar abusos y garantizar un uso ético:

Unión Europea: La Ley de Inteligencia Artificial (AI Act), aprobada en 2024, clasifica los sistemas de IA según su nivel de riesgo y estlece normas estrictas para su uso en ámbitos sensibles (salud, justicia, vigilancia, etc.)

Estados Unidos: No tiene una regulación única, pero existen normaticas sobre IA en sectores como finanzas, sanidad y privacidad de datos.

España: Ha adoptado las regulaciones europeas y trabaja en estrategias nacionales de IA y ciberseguridad.

Responsabilidad Legal en la IA

Una de las grandes preguntas jurídicas es quién es resonsable su una IA causa un daño. Alguna soluciones incluyen:

  • Responsabilidad del programador o desarrollador.
  • Responsabilidad del usuario o empresa que emplea la IA
  • Creación de un «estatus legal» para la IA, similar a una persona jurídica.

Protección de Datos y Privacidad

La IA  puede analizar grandes volúmenes de datos personales, lo que puede vulnerar el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en Europa.

Problemas como el reconocimiento  facial y el uso de datos sin consentimiento generan debates sobre derechos fundamentales.

IA en el ámbito Judicial y Legal

La IA se esta utilizando en:

  • Análiusis de docuimentos y jurisprudencia (automatización del trabajo legal)
  • Predicción de sentencias mediante modelos de machine learning.
  • Asistencia en procesos judiciales, como chatbots que ayudan en la redacción de contratos.

IA y Derechos Humanos

  • Riesgo de sesgos algoritmicos que discriminan por raza, género o condición social.
  • Posibilidad de vigilancia masiva y restricciones a la libertad de expresión mediante IA.

Conclusión

El derecho debe adaptarse a la IA para garantizar su uso ético y seguro. A medida que la tecnología avanza, surgirán nuevos desarios legales que requerirán regulación constante.

En la actualidad (año 2025) un ejemplo de la inteligencia artificial (IA) en el derecho es el uso de la IA en el análisis de contratos y jurisprudencia.

No osbstante hay que tener muchas prevenciones en la apliación de la IA para agilizar procesos judiciales dado que los algoritmos pueden tener sesgos, por lo que deben ser auditables y regulados, para no dar lugar a la toma de cecisiones erróneas mediante la aplicación de la IA.

Artículo elaborado por tuabogadodefensor.com

Madrid a 29 de enero de 2025