Categoría: Derecho penal

En esta categoría incluiremos artículos que tengan que ver con el derecho penal, relacionado con defensa o acusación en el ámbito de los delitos, el proceso penal, el castigo penal, delitos tecnologicos, delitos informaticos, el autor del delito en el codigo penal español, incluso temas relacionados con el ámbito penitenciario

Coronavirus y Responsabilidad Penal

coronavirus y responsabilidad penal

CORONAVIRUS Y RESPONSABILIDAD PENAL

Recientemente ha saltado a los medios de comunicación la noticia de que un juzgado de instrucción de Madrid ha incoado un procedimiento penal (Diligencias Previas) respecto del Delegado del Gobierno en Madrid, como consecuencia de la denuncia interpuesta por un Abogado.

Los hechos objeto de investigación se han calificado, de manera indiciaria, como de posibles delitos de prevaricación administrativa o de lesiones por imprudencia profesional.

Según refiere el Auto del Juzgado de Instrucción, los hechos denunciados vienen referidos a la autorización de reuniones y actos multitudinarios por parte de la autoridad gubernativa después de que se emitiera el informe sobre el COVID-19 de 2 de marzo 2020 por el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades.

El artículo 404 de nuestro Código Penal regula el delito de prevaricación de la siguiente forma:
“A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años”.

estadística covid-19 a 3-4-2020
Estadísticas del coronavirus a 3-4-2020

Por su parte, el delito de lesiones por imprudencia profesional se establece en el artículo 152 del Código Penal, que dispone:

“1. El que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones previstas en los artículos anteriores será castigado, en atención al riesgo creado y el resultado producido:
1.° Con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a dieciocho meses, si se tratare de las lesiones del apartado 1 del artículo 147.
2.° Con la pena de prisión de uno a tres años, si se tratare de las lesiones del artículo 149.
3.° Con la pena de prisión de seis meses a dos años, si se tratare de las lesiones del artículo 150.
(…)
Si las lesiones hubieran sido cometidas por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de seis meses a cuatro años.
2. El que por imprudencia menos grave causare alguna de las lesiones a que se refieren los artículos 147.1, 149 y 150, será castigado con la pena de multa de tres meses a doce meses.
(…)
El delito previsto en este apartado solo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal”.

Asimismo, sería relevante en este caso lo dispuesto en el artículo 152 del Código Penal:

“En los casos previstos en el número 1 del artículo anterior, el Juez o Tribunal podrá imponer motivadamente la pena superior en un grado, en la extensión que estime conveniente, si el hecho revistiere notoria gravedad, en atención a la singular entidad y relevancia del riesgo creado y del deber normativo de cuidado infringido, y hubiere provocado lesiones constitutivas de delito del artículo 152.1.2.º o 3.º a una pluralidad de personas, y en dos grados si el número de lesionados fuere muy elevado”.

Aunque la resolución del juzgado no lo dice de manera expresa, en aquellos casos en que se haya producido la muerte como consecuencia directa o indirecta del juzgado podría constituir no ya un delito de lesiones, sino de homicidio por imprudencia.

Además de las circunstancias anteriormente mencionadas por las que ha iniciado diligencias el juzgado de Madrid, los supuestos de hecho generados por actuaciones llevadas a cabo durante la gestión de la epidemia del coronavirus y que podrían derivar en responsabilidades penales son numerosos: a modo de ejemplo, cabe pensar en la situación de numerosos ancianos víctimas en residencias, que hubieran sido abandonados a su suerte sin que se llevara a cabo una acción especial de protección hacia su salud, siendo un colectivo especialmente de riesgo; los casos de desatención médica que pudieran calificarse como delitos de omisión de socorro, las posibles acciones dirigidas al desabastecimiento de mercados, la difusión de noticias falsas a sabiendas,..

Artículo de J.R. Ventura (Abogado).

Publicado: 31-3-2020

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¿Qué es un abogado penalista?

Abogado penalista

Qué es un abogado penalista

En la actualidad, ya no basta con ser meramente un abogado, sino que cada forma diferente de transgredir la ley requiere de un profesional especializado para defender o acusar a las partes implicadas.

Un abogado penalista es un profesional que, habiéndose formado en la rama del derecho, se encuentra capacitado para actuar de intermediario en las causas relacionadas al Derecho Penal.

¿Qué normas rigen al Derecho Penal?

Antes de continuar con la explicación de lo que es un abogado penalista, examinemos las normas que conforman el Derecho Penal. Esta rama del derecho es punitiva, lo que quiere decir que impone penas y medidas de seguridad a los delitos.

Se entiende por delito a las acciones o a las omisiones de estas que están penadas por la ley. A los efectos de regular el Derecho Penal, existen dos normas:

  • Código Penal
  • Ley de Enjuiciamiento Criminal

Código Penal: dentro de este grupo de normas jurídicas del Estado se encuentran todas las posibles penas que una persona que cometa un delito puede recibir. Aquí encontrarás las acciones que reciben el nombre de delitos y la pena que cada uno de ellos recibe, las cuales varían desde el pago de una multa hasta pasar tiempo en prisión. Un abogado penalista es quien interpreta dicho código.

Ley de Enjuiciamiento Criminal: esta norma abarca las acciones que toma la ley en contra de los delitos y de las faltas. La que continúa vigente hasta el día de hoy es la aprobada en diciembre de 1872. Un abogado penalista te orientará en este respecto.

¿Qué esperar de un abogado penalista?

Supongamos que ocurre una situación que amerita ser llevada a los tribunales en tu beneficio.

¿Cómo se procede? Este es un caso típico en el que no podemos prescindir de un abogado penalista?

Este profesional del derecho estará a tu disposición para asesorarte desde el primer momento y para orientar tu causa desde la perspectiva más práctica y realista.

Es el abogado penalista quien te dirá qué es lo que puedes reclamar exactamente y cuál sería el rango de cuantía al que tienes derecho.

Imaginemos ahora la situación contraria: un día llega a tu domicilio una citación exhortándote a que te presentes en una dependencia de la policía o en un Juzgado. Es posible que tengas una idea de la razón de dicha situación, como también es posible que la desconozcas por completo. Es por ello que necesitarás de la orientación de un abogado penalista.

Más allá de las especulaciones que puedas tener, no saldrás airoso de la situación sin un abogado penalista que te defienda.

Lo primero que tu abogado penalista hará será ponerte al tanto de la situación en la que te encuentras.

En un caso como este, de nada sirve atenuar la realidad, como tampoco será de utilizad magnificarla. Lo que necesitas es saber cuáles son tus amenazas y tus posibilidades de salir lo menos perjudicado posible de la situación.

A su vez, es el abogado penalista quien se encargará de conseguir toda la información posible acerca de la causa en la que te encuentras envuelto, así como también de asesorarte acerca de los derechos que te amparan.

Abogado penalista – ¿Sí o no?

En resumidas cuentas, el abogado penalista es el único profesional capaz de interpretar el Código Penal por ti y de informarte acerca de si la situación en la que te encuentras involucrado es un delito o no. Para ello es necesario saber con exactitud qué es delito y qué no es. Esta sutil diferencia puede cambiar tu vida para siempre.

Por lo tanto: abogado penalista sí, en todos los casos en los que el delito pueda estar presente.

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¿Se puede discutir una orden de detención y entrega europea?

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¿Que es una Orden Europea de detención y entrega?

La orden Europea de detención y entrega es una resolución judicial dictada por un Estado miembro con la finalidad de lleva a cabo la detención y la entrega por otro Estado miembro de una persona buscada, por estar incursa en acciones penales o para la ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad.

¿Sobre que tipos penales se puede dictar la Euroorden?

Se podrá dictar una orden de detención europea por aquellos hechos para los que la ley del Estado miembro emisor en su Código Penal señale una pena o una medida de seguridad privativas de libertad cuya duración máxima sea al menos de 12 meses o, cuando la reclamación tuviere por objeto el cumplimiento de condena a una pena o medida de seguridad no inferior a cuatro meses de privación de libertad.

VER TIPOS PENALES

¿Los Estados Europeos que deben hacer?

Los Estados miembros de la Unión ejecutarán toda orden de detención y entrega europea, sobre la base del principio del reconocimiento mutuo y de acuerdo con las disposiciones de la Decisión marco europea.

La Decisión marco no podrá tener por efecto el de modificar la obligación de respetar los derechos fundamentales y los principios jurídicos fundamentales consagrados en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea.

¿Motivos por los que no se ejecutaría una Euro-orden?

Los motivos para la no ejecución obligatoria de la orden de detención europea se enumeran en el artículo 3 de la Decisión marco eurpea, en virtud del cual:

Cuando de la información de que disponga la autoridad judicial de ejecución de la orden europea de detención se desprenda que la persona buscada ha sido juzgada definitivamente por los mismos hechos por un Estado miembro siempre que, en caso de condena, la sanción haya sido ejecutada o esté en esos momentos en curso de ejecución, o ya no pueda ejecutarse en virtud del Derecho del Estado miembro de condena.

Cuando sobre la persona buscada pese en un Estado miembro otra resolución definitiva por los mismos hechos que obstaculice el posterior ejercicio de diligencias penales.

¿Puede un Tribunal de un Estado miembro entrar en el fondo de una cuestión de Euroorden planteada por otro Estado miembro?

Evidentemente NO, ya que el fundamento de la Orden Europea de Detención y Entrega es la agilidad entre la Justicia de los países miembros.

En el propio preámbulo de la la disposición legal se dice: «los mecanismos tradicionales de cooperación judicial tienen que dejar paso a una nueva forma de entender las relaciones entre los sistemas jurídicos de los Estados miembros basada en la confianza.»

Fuente de información principal: Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detención y entrega.

SEGUIR LEYENDO SOBRE ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA

¿Comunicarse por redes sociales puede incumplir orden de alejamiento?

Comunicacion redes sociales y alejamiento

La comunicación por redes sociales puede incumplir la orden de alejamiento

La pena de alejamiento

La pena de alejamiento conlleva que el condenado no pueda acercarse al denunciante/perjudicado ni en su lugar de residencia ni en del trabajo, ni en cualquier otro lugar en donde se le pueda encontrar, al punto de que si ello fuera así, se recuerda al condenado que su conducta debería ser la de dirigirse a otro lugar y no aprovechar el encuentro causal para dirigirse al recurrente, ya que aunque el encuentro fuera casual, al aprovecharse del mismo para dirigirse al perjudicado, se cometería el delito de quebrantamiento de condena.

La pena de alejamiento y comunicación con la víctima

Del mismo modo, al estimarse el recurso tampoco puede comunicarse con él, y ello integra que no pueda hacerlo ni personalmente por cualquier medio como el correo simple o el correo electrónico, o los tecnológicos antes citados –facebook -, y de ninguna manera, pudiendo entenderse que tal comunicación existiría por el mero de que en el perfil de Facebook del denunciante se accediera a comunicarse el condenado con un mero «me gusta«; cuestión esta polémica doctrinalmente, pero que integraría una infracción de esta prohibición de comunicación que se impone, pero que es siempre, y en cualquier caso, una comunicación con el perfil privado de una persona en Facebook, y que por medio de esta resolución se explica en cuanto al alcance de las prohibiciones que se imponen al condenado, y más aún deben realizarse estas advertencias, cuando, precisamente, ha sido el medio de Facebook el utilizado por el condenado para llevar a cabo la amenaza proferida, y sobre la que, obviamente, el perjudicado tiene derecho a inquietarse y perturbarse acerca de la ejecución real de la amenaza.

Notese que no solo son eficaces en estos casos las medidas de alejamiento del art. 48 CP, sino, también, las de prohibición de comunicación del art. 48.3 CP, ya que este apartado 3º señala que, la prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, impide al penado establecer con ellas, por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual.

Los actos de comunicación virtual con la víctima

En muchas ocasiones las víctimas sienten temor no solo por la presencia física del condenado, sino, también, por un acto de comunicación virtual del investigado (medida cautelar) o pena (condenado), ya que una víctima que lo ha sido de un hecho del condenado puede incrementar su grado de victimización si recibe comunicaciones de quien le ha amenazado, incluso aunque estas comunicaciones no constituyan un hecho delictivo.

Así, es sabido que constituiría un hecho delictivo de quebrantamiento del art. 468 CP el hecho de que un condenado a pena de prohibición de comunicación enviara por cualquier medio de comunicación un simplemente «¿Cómo estás?», ya que el objetivo de ese mensaje es mantener el estado de miedo o temor en las víctimas, más allá de la expresión que se lleve a cabo, lo que de ser otra amenaza integraría este delito con la agravación específica del quebrantamiento de condena.

De ahí que expresiones tales como un «me gusta» a una foto o comentario del titular de un perfil subida a Facebook por el denunciante, supondría un acto de comunicación al serlo entre afectado/condenado por la orden de prohibición de comunicación «por cualquier medio» y el perjudicado, ya que ello es lo que se pretende que no ocurra con la pena, esto es que el condenado no se comunique «de ninguna manera» con la víctima.

Fundamentos de la Sentencia nº 291/2017 de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 1ª de 20 de noviembre 2017

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Loteria Navidad ¿Que pasa si cobro un décimo perdido?

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¿Que pasa si cobro un décimo perdido por su propietario?

El delito de apropiación indebida

En una reciente Sentencia del Juzgado Penal nº 2 de Lugo, estableció en su Sentencia que, el hecho de que una persona, como fue el caso, se encontrase un décimo de lotería navidad premiado y que no le pertenecía, es un delito de apropiación indebida, previsto y penado en los artículos 253 del Código Penal vigente a la fecha de los hechos, que castiga a quién, con ánimo de lucro, se apropiare de cosa perdida o de dueño desconocido, siempre que su valor exceda de los 400 euros, circunstancias que concurren en el presente caso, pues es evidente que la acusada se encontró y apropió de un billete de lotería de navidad que resultó premiado con una importantísima cantidad de dinero, el cual presentó al cobro intentando borrar datos acreditativos de la propiedad ajena, deduciéndose de todo ello el evidente dolo en su proceder.

Fundamentos del Abogado Defensor para la defensa

En la Sentencia se recoge que, la defensa alude a que la  L.O. 1/15, de 30 de marzo ha despenalizado tal acción, esto es la apropiación de cosa perdida, al indicar que no aparece en los preceptos reguladores de la actual apropiación indebida ( art. 253 y 254 C. P.), como si aparecía expresamente recogido en el texto penal previo que las acusaciones pretenden aplicar y que aquél, por tanto, sería más beneficioso para la acusada, sin embargo debemos discrepar con tal apreciación pues en la propia Exposición de Motivos de la L.O. aludida, 1/15, de 30 de marzo, de modificación del Código Penal, en el nº XV de su Preámbulo, en sus párrafos cuarto y siguientes indica que dicha reforma se aprovecha » para delimitar con mayor claridad los tipos penales de administración desleal y apropiación indebida.

¿Cual puede ser la condena por este delito?

En la apropiación cometido por la autora del cobro del décimo de Lotería Navidad premiado, el Tribunal condena a la imputada/investigada, como autora responsable de un delito de apropiación indebida ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad, a la pena de SEIS MESES DE MULTA con cuota diaria de SEIS EUROS ( 1.080 euros ), así como que indemnice a Marta en la cantidad de 320.580 euros, con aplicación de lo previsto en el seno de los arts. 576 de la LEC y 1108 del CC, y al pago de las costas, incluidas las de la acusación particular.

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