Categoría: Derecho penal

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¿Se puede discutir una orden de detención y entrega europea?

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¿Que es una Orden Europea de detención y entrega?

La orden Europea de detención y entrega es una resolución judicial dictada por un Estado miembro con la finalidad de lleva a cabo la detención y la entrega por otro Estado miembro de una persona buscada, por estar incursa en acciones penales o para la ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad.

¿Sobre que tipos penales se puede dictar la Euroorden?

Se podrá dictar una orden de detención europea por aquellos hechos para los que la ley del Estado miembro emisor en su Código Penal señale una pena o una medida de seguridad privativas de libertad cuya duración máxima sea al menos de 12 meses o, cuando la reclamación tuviere por objeto el cumplimiento de condena a una pena o medida de seguridad no inferior a cuatro meses de privación de libertad.

VER TIPOS PENALES

¿Los Estados Europeos que deben hacer?

Los Estados miembros de la Unión ejecutarán toda orden de detención y entrega europea, sobre la base del principio del reconocimiento mutuo y de acuerdo con las disposiciones de la Decisión marco europea.

La Decisión marco no podrá tener por efecto el de modificar la obligación de respetar los derechos fundamentales y los principios jurídicos fundamentales consagrados en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea.

¿Motivos por los que no se ejecutaría una Euro-orden?

Los motivos para la no ejecución obligatoria de la orden de detención europea se enumeran en el artículo 3 de la Decisión marco eurpea, en virtud del cual:

Cuando de la información de que disponga la autoridad judicial de ejecución de la orden europea de detención se desprenda que la persona buscada ha sido juzgada definitivamente por los mismos hechos por un Estado miembro siempre que, en caso de condena, la sanción haya sido ejecutada o esté en esos momentos en curso de ejecución, o ya no pueda ejecutarse en virtud del Derecho del Estado miembro de condena.

Cuando sobre la persona buscada pese en un Estado miembro otra resolución definitiva por los mismos hechos que obstaculice el posterior ejercicio de diligencias penales.

¿Puede un Tribunal de un Estado miembro entrar en el fondo de una cuestión de Euroorden planteada por otro Estado miembro?

Evidentemente NO, ya que el fundamento de la Orden Europea de Detención y Entrega es la agilidad entre la Justicia de los países miembros.

En el propio preámbulo de la la disposición legal se dice: “los mecanismos tradicionales de cooperación judicial tienen que dejar paso a una nueva forma de entender las relaciones entre los sistemas jurídicos de los Estados miembros basada en la confianza.”

Fuente de información principal: Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detención y entrega.

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Comunicarse por redes sociales puede incumplir orden de alejamiento

Comunicacion redes sociales y alejamiento

La comunicación por redes sociales puede incumplir la orden de alejamiento

La pena de alejamiento

La pena de alejamiento conlleva que el condenado no pueda acercarse al denunciante/perjudicado ni en su lugar de residencia ni en del trabajo, ni en cualquier otro lugar en donde se le pueda encontrar, al punto de que si ello fuera así, se recuerda al condenado que su conducta debería ser la de dirigirse a otro lugar y no aprovechar el encuentro causal para dirigirse al recurrente, ya que aunque el encuentro fuera casual, al aprovecharse del mismo para dirigirse al perjudicado, se cometería el delito de quebrantamiento de condena.

La pena de alejamiento y comunicación con la víctima

Del mismo modo, al estimarse el recurso tampoco puede comunicarse con él, y ello integra que no pueda hacerlo ni personalmente por cualquier medio como el correo simple o el correo electrónico, o los tecnológicos antes citados –facebook -, y de ninguna manera, pudiendo entenderse que tal comunicación existiría por el mero de que en el perfil de Facebook del denunciante se accediera a comunicarse el condenado con un mero “me gusta“; cuestión esta polémica doctrinalmente, pero que integraría una infracción de esta prohibición de comunicación que se impone, pero que es siempre, y en cualquier caso, una comunicación con el perfil privado de una persona en Facebook, y que por medio de esta resolución se explica en cuanto al alcance de las prohibiciones que se imponen al condenado, y más aún deben realizarse estas advertencias, cuando, precisamente, ha sido el medio de Facebook el utilizado por el condenado para llevar a cabo la amenaza proferida, y sobre la que, obviamente, el perjudicado tiene derecho a inquietarse y perturbarse acerca de la ejecución real de la amenaza.

Notese que no solo son eficaces en estos casos las medidas de alejamiento del art. 48 CP, sino, también, las de prohibición de comunicación del art. 48.3 CP, ya que este apartado 3º señala que, la prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, impide al penado establecer con ellas, por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual.

Los actos de comunicación virtual con la víctima

En muchas ocasiones las víctimas sienten temor no solo por la presencia física del condenado, sino, también, por un acto de comunicación virtual del investigado (medida cautelar) o pena (condenado), ya que una víctima que lo ha sido de un hecho del condenado puede incrementar su grado de victimización si recibe comunicaciones de quien le ha amenazado, incluso aunque estas comunicaciones no constituyan un hecho delictivo.

Así, es sabido que constituiría un hecho delictivo de quebrantamiento del art. 468 CP el hecho de que un condenado e pena de prohibición de comunicación enviara por cualquier medio de comunicación un simplemente “¿Cómo estás?”, ya que el objetivo de ese mensaje es mantener el estado de miedo o temor en las víctimas, más allá de la expresión que se lleve a cabo, lo que de ser otra amenaza integraría este delito con la agravación específica del quebrantamiento de condena.

De ahí que expresiones tales como un “me gusta” a una foto o comentario del titular de un perfil subida a Facebook por el denunciante, supondría un acto de comunicación al serlo entre afectado/condenado por la orden de prohibición de comunicación “por cualquier medio” y el perjudicado, ya que ello es lo que se pretende que no ocurra con la pena, esto es que el condenado no se comunique “de ninguna manera” con la víctima.

Fundamentos de la Sentencia nº 291/2017 de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 1ª de 20 de noviembre 2017

Loteria Navidad ¿Que pasa si cobro un décimo perdido?

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¿Que pasa si cobro un décimo perdido por su propietario?

El delito de apropiación indebida

En una reciente Sentencia del Juzgado Penal nº 2 de Lugo, estableció en su Sentencia que, el hecho de que una persona, como fue el caso, se encontrase un décimo de lotería navidad premiado y que no le pertenecía, es un delito de apropiación indebida, previsto y penado en los artículos 253 del Código Penal vigente a la fecha de los hechos, que castiga a quién, con ánimo de lucro, se apropiare de cosa perdida o de dueño desconocido, siempre que su valor exceda de los 400 euros, circunstancias que concurren en el presente caso, pues es evidente que la acusada se encontró y apropió de un billete de lotería de navidad que resultó premiado con una importantísima cantidad de dinero, el cual presentó al cobro intentando borrar datos acreditativos de la propiedad ajena, deduciéndose de todo ello el evidente dolo en su proceder.

Fundamentos del Abogado Defensor para la defensa

En la Sentencia se recoge que, la defensa alude a que la  L.O. 1/15, de 30 de marzo ha despenalizado tal acción, esto es la apropiación de cosa perdida, al indicar que no aparece en los preceptos reguladores de la actual apropiación indebida ( art. 253 y 254 C. P.), como si aparecía expresamente recogido en el texto penal previo que las acusaciones pretenden aplicar y que aquél, por tanto, sería más beneficioso para la acusada, sin embargo debemos discrepar con tal apreciación pues en la propia Exposición de Motivos de la L.O. aludida, 1/15, de 30 de marzo, de modificación del Código Penal, en el nº XV de su Preámbulo, en sus párrafos cuarto y siguientes indica que dicha reforma se aprovecha ” para delimitar con mayor claridad los tipos penales de administración desleal y apropiación indebida.

¿Cual puede ser la condena por este delito?

En la apropiación cometido por la autora del cobro del décimo de Lotería Navidad premiado, el Tribunal condena a la imputada/investigada, como autora responsable de un delito de apropiación indebida ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad, a la pena de SEIS MESES DE MULTA con cuota diaria de SEIS EUROS ( 1.080 euros ), así como que indemnice a Marta en la cantidad de 320.580 euros, con aplicación de lo previsto en el seno de los arts. 576 de la LEC y 1108 del CC, y al pago de las costas, incluidas las de la acusación particular.

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Víctimas de estafas por Internet ¿Que hacer?

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Los delitos de estafa por Internet

Con carácter general los delitos de estafa por Internet, son los mismos que los cometidos por cualquier otro medio, si bien, la posibilidad de que sea extendido dicho delito a más personas implica que haya más posibilidades de encontrar víctimas propicias para los delincuentes de éste concreto delito.

El delito de estafa informática en el código penal

El artículo 248.2 del CP, establece que:

También se consideran reos de estafa:

La figura del Phising o pesca en Internet

a) Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.

El uso de troyanos y gusanos para detectar contraseñas

b) Los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas informáticos específicamente destinados a la comisión de las estafas previstas en este artículo.

El robo de tarjetas de crédito o débito y otras formas de pago

c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero.

Las estafas más habituales en Internet

Habitualmente la víctima de la estafa es aquella persona que con buena fe abona la cantidad solicitada, bien sea en la compra de un producto a un precio muy rebajado o aún cuando no lo esté el producto no existe o bien por una prestación de servicio que no se realiza vía Internet.

Las estafas más habituales, de acuerdo con las estadísticas de la Fiscalía General del Estado y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son:

  • El intento de compra de objetos demasiado baratos.
  • La oferta de trabajos bien remunerados, interesando una cantidad para el alta en Seguridad Social o cualquier otro organismo que le sustituya en el país correspondiente, generalmente país europeo.
  • El ofrecimiento de préstamos a bajo interés, por supuestas instituciones financieras, solicitando una cantidad inicial para la tramitación del préstamo.
  • El ofrecimiento de una herencia de un familiar en Europa, que no existe, para lo que se envía previamente una carta, y se señala que a cambio de una pequeña cantidad se quedará con la herencia, generalmente uno de los autores o cómplices se encuentra en alguna entidad financiera conocida.
  • Phising o pesca de víctima, generalmente a través de una simulación del portal de una entidad financiera, se solicitan las contraseñas de las cuentas, por diversos motivos, que pueden inducir al error a la víctima de la estafa.
  • Víctimas de intermediación de estafas, conocidos como “muleros”, en el que alguien le indica que no puede recibir un dinero en una cuenta en algún país extranjero y que a cambio de una comisión o porcentaje habilite una cuenta propia y transfiera el resto a otra cuenta, evidentemente dinero proveniente de estafas previamente obtenidas de otras víctimas.
  • Cupones de lotería falsamente premiados.
  • Estafas en alquileres de viviendas o de cualquier otro bien que después se comprueba o que no existen o que son de otras características diferentes a las anunciadas.

¿Que acciones debe realizar la víctima de la estafa?

La víctima de una estafa lo primero que debe hacer es tratar de obtener previamente a la denuncia la prueba de la misma, dependiendo de las circunstancias, puede ser necesario que se levante acta por parte de un Notario de la pantalla del ordenador o componente electrónico donde se vea la acción que ha dado lugar a la estafa.

En segundo lugar, tendrá y deberá denunciar los hechos de los que ha sido víctima, tratando de dar los máximos detalles posibles y aportando las pruebas con las que cuente para que, o bien, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o el Juzgado o Fiscalía correspondiente realicen las investigaciones precisas para la determinación del autor o autores de la estafa.

Es importante también que la víctima pueda seguir el proceso judicial completo contra el autor o autores del hecho punible, para lo que tendrán que personarse en la causa con Abogado para que en su nombre pueda interesar las pruebas que considere convenientes y proponer en el escrito de acusación la pena y responsabilidad civil que estimen pertinentes.

Recomendación: Fijarse bien en las ofertas de Internet e indagar sobre el oferente

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Como evitar la responsabilidad penal de la empresa

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Criterios jurídicos para evitar la responsabilidad penal de la persona jurídica o empresa según el Tribunal Supremo

En Sentencia del Tribunal supremo sobre Responsabilidad Penal de personas jurídicas de febrero de 2016, (Sentencia Nº: 154/2016 Fecha Sentencia: 29/02/2016 Ponente Excmo. Sr. D.: José Manuel Maza Martín) se señala lo siguiente por el TS: “Como ya se dijera en la STS núm. 514/15, de 2 de Septiembre de 2015, ha de reiterarse que “Esta Sala todavía no ha tenido ocasión de pronunciarse acerca del fundamento de la responsabilidad de los entes colectivos, declarable al amparo del art. 31 bis del CP. Sin embargo, ya se opte por un modelo de responsabilidad por el hecho propio, ya por una fórmula de heterorresponsabilidad parece evidente que cualquier pronunciamiento condenatorio de las personas jurídicas habrá de estar basado en los principios irrenunciables que informan el derecho penal.” y a continuación señala: visto el texto legal (art. 31 bis CP, especialmente tras la Reforma de la LO 1/2015) es el hecho de que el sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica se basa, sobre la previa constatación de la comisión del delito por parte de la persona física integrante de la organización como presupuesto inicial de la referida responsabilidad, en la exigencia del establecimiento y correcta aplicación de medidas de control eficaces que prevengan e intenten evitar, en lo posible, la comisión de infracciones delictivas por quienes integran la organización.

Lo que viene a decir el Tribunal Supremo en esta Sentencia, prácticamente única en materia de compliance penal, es que, para que se mantuviera la presunción de inocencia en la persona jurídica, debería ser la acusación la que debía probar la inexistencia, insuficiencia o ineficacia del programa de compliance.
La regla general en el ámbito penal es que los hechos punibles debe probarlos quien los alega”, sin embargo parece que, la posición mayoritaria del Tribunal Supremo, según la Sentencia que analizamos, somete a la acusación a probar un hecho negativo, es decir el que formula la acusación es el que debería probar que no se ha cumplido el programa de compliance de la empresa enjuiciada, imputada o investigada.

La importancia del programa de compliance en la empresa para evitar responsabilidad penal

El Tribunal Supremo en la Sentencia anteriormente citada, señala que, la determinación del actuar de la persona jurídica, relevante a efectos de la afirmación de su responsabilidad penal (incluido el supuesto del anterior art. 31 bis.1 parr. 1º CP y hoy de forma definitiva a tenor del nuevo art. 31 bis. 1 a) y 2
CP, tras la reforma operada por la LO 1/2015), ha de establecerse a partir del análisis acerca de si el delito cometido por la persona física en el seno de aquella ha sido posible, o facilitado, por la ausencia de una cultura de respeto al Derecho, como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas físicas que la integran, que habría de manifestarse en alguna clase de formas concretas de vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos, – programa de compliance–  tendentes a la evitación de la comisión por éstos de los delitos enumerados en el Libro II del Código Penal como posibles antecedentes de esa responsabilidad de la persona jurídica..

Núcleo de la responsabilidad de la persona jurídica que, como venimos diciendo, no es otro que el de la ausencia de las medidas de control adecuadas para la evitación de la comisión de delitos, que evidencien una voluntad seria de reforzar la virtualidad de la norma, independientemente de aquellos requisitos, más concretados legalmente en forma de las denominadas “compliances” o “modelos de cumplimiento”, exigidos para la aplicación de a eximente que, además, ciertas personas jurídicas, por su pequeño tamaño o
menor capacidad económica, no pudieran cumplidamente implementar.

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