El Abogado gladiador de la justicia

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El Abogado gladiador de la justicia

Realmente tenemos que decir que el Abogado que se dedica, bien con despacho propio o ajeno, a realizar un trabajo profesional en los Juzgados y Tribunales, es un auténtico gladiador.

Como se formaban los gladiadores y como los abogados

Los gladiadores se preparaban o formaban en escuelas de gladiadores para después tener que combatir en el circo romano, igual que lo hacen actualmente los abogados para “combatir” en los estrados y decimos combatir, porque es un auténtico combate lo que a muchos abogados le supone tener que enfrentarse en los tribunales españoles, por las dificultades que encuentran en muchos casos en el ejercicio de la profesión y en la defensa de los intereses de sus clientes.

Como se clasificaban los gladiadores y como los abogados

Los gladiadores se dividían o clasificaban en varias clases y el nombre dependía si llevaban casco o no lo llevaban, la forma del mismo, si llevaban escudo o no, tridente, espada, etc., el abogado también se divide en especialidades según sus conocimientos o experiencia, bien sea penalista, laboralista, mercantilista, etc.

Como se dividía el combate de los gladiadores y como el de los abogados

El combate de los gladiadores que iban lujosamente vestidos para la ocasión, como los abogados con la toga, tras la limitación del combate entre los diversos gladiadores que iban a luchar, al igual que los abogados, según el tribunal o juzgado en el que actúen, el gladiador que perdía, podía ser condenado a muerte, aunque el emperador podía indultar al gladiador perdedor del combate.

El Abogado que pierde el pleito, siempre y cuando en la “arena” del Juzgado o Tribunal no haya “caído” por los diversos actores en el mismo, por los ataques desaforados de los contrarios o por el propio presidente o tribuno, puede caer por considerar el cliente que no lo ha hecho lo suficientemente bien.

Conclusión

Los Abogados que actúan en juzgados y tribunales en España, son gladiadores de la justicia, dado que son luchadores en la “arena” judicial, muchas veces sin ningún tipo de cobertura ni respaldo por quién tendría que dársela y ni siquiera de las instituciones cuando se producen por ejemplo errores judiciales o desacertadas resoluciones judiciales que en ocasiones provocan desprestigio del Abogado actuante y tienen que forjarse en dicha lucha, para que con el tiempo puedan convertirse en lanistas o entrenadores de otros gladiadores o abogados.

Un artículo de TUABOGADODEFENSOR.COM 

 

Las complicaciones en cirugías de columna e incapacidad laboral

cirugia columna e incapacidad permanente

La incapacidad permanente para la Seguridad Social

La Ley General de la Seguridad Social establece que la incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado, valorado de acuerdo con la lista de enfermedades que se apruebe reglamentariamente en los siguientes grados:

Incapacidad permanente parcial.

Incapacidad permanente total.

Incapacidad permanente absoluta.

Gran invalidez.

A estos grados hay que añadir las lesiones permanentes no invalidantes.

¿A quién corresponde decidir el grado de incapacidad permanente?

Corresponde al INSS la declaración de la situación de incapacidad permanente en sus distintos grados y las contingencias determinantes de las mismas, la revisión del grado de incapacidad o inexistencia de la misma, así como la declaración de la responsabilidad de las Mutuas de Accidentes de Trabajo o las empresas en orden a las prestaciones derivadas de tal declaración.

COMPLICACIONES GENERALES EN NEUROCIRUGÍAS

Las complicaciones generales en neurocirugías de columna puede ser:

COMPLICACIONES GASTROINTESTINALES: Úlcera de stress medicamentosa.

TROMBOSIS VENOSA. EMBOLISMO AÉREO (frecuente en trauma espinal y tumor cerebral).
Trombosis venosa profunda (4.3%) y Tromboembolismo pulmonar (0.5%)

FRACASO RESPIRATORIO AGUDO

INFECCIÓN HOSPITALARIA. NEUMONÍA, más en enfermos con bajo del nivel de conciencia y en inmunodeprimidos. INFECCIÓN URINARIA, en enfermos sondados, inmunodeprimidos y en proximidad con otros enfermos con sonda vesical.

COMPLICACIONES DE LA MONITORIZACIÓN INVASIVA:

a) Catéteres arteriales: Trombosis; Complicaciones isquémico-necróticas; Infección.

b) Catéter venoso central, catéter arterio-pulmonar, cateterismo subclavia o vena yugular: lesión carotídea, lesión pleura, lesión plexo braquial, lesión traqueal, trombosis venosa, hemotórax, neumotórax, perforación arterial o pared ventricular, infección, sepsis.

INFECCIONES EN CIRUGÍAS:

– I Cirugía sucia (Enfermos infectados previamente. Absceso, empiema, osteítis, infección cutánea): *infección superficial (3.5%); *infección profunda (5.6%).

– II Cirugía contaminada (Enfermos heridas abiertas, fístulas de L.C.R.; segundas intervenciones): * infección superficial (3.1%); *infección profunda (6.6%).

– III Cirugía limpia contaminada (Cirugía en contacto con senos paranasales, fractura de cráneo, cirugía de duración superior a las 2 horas): *infección superficial (1.60%); *infección profunda (5.1%).

– IV Cirugía limpia con cuerpo extraño (material de fijación vertebral, válvulas, clips, acrílicos, plastias durales): *infección superficial (1.7%) * infección profunda (4.34%).

– V Cirugía limpia: * infección superficial (1.9%); infección profunda (0.7%).

COMPLICACIONES DE LA CIRUGÍA DE COLUMNA LUMBAR

(Patología discal, aguda y crónica).

Estas complicaciones de la cirugía de columna pueden producir las siguientes consecuencias:

1) Mortalidad (0.02%).

2) Necesitan reintervención (2.8-11%).

3) Persistencia síndrome de cauda equina (Lesión radicular) (0.8-1.9%).

4) Fístula de líquido cefalorraquídeo (0.1-0.9%).

5) Infección: superficial (herida operatoria 0.9-6.8%), meningitis (0.2-0.3%), discítis (0.4-3%).

6) Lesión vasos abdominales (complicación casual).

7) Lesión uréter (complicación casual).

8) Hematoma en la zona quirúrgica con compresión del sistema nervioso y déficit neurológico (pérdida de fuerza, de sensibilidad y descontrol de esfínteres) 1%

Complicaciones en la artrodesis:

Pseudoartrosis (no “pegan” los injertos). Rotura, emigración y/o malposición del material de osteosíntesis (tornillos y barras o cajas intersomáticas).

Todas estas patologías como consecuencia de intervenciones quirúrgicas, en muchos casos producen como consecuencia una Incapacidad Permanente en los distintos grados que hemos visto al principio, generalmente, de carácter grave, como la Incapacidad Permanente Total, Incapacidad Permanente Absoluta y Gran Invalidez.

Por todo ello, le recomendamos que ante ello guarde todos los informes médicos convenientemente, ya que serán necesarios para solicitar la Incapacidad Permanente, y desde luego la discapacidad, si sucediera tal circunstancia.

Artículo de: TuAbogadoDefensor.com

¿Como debe de ser el tratamiento de datos personales?

 

En breve, concretamente el 25 de mayo de 2018, entra en vigor el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, y en este post vamos a realizar un breve análisis de lo que dicho Reglamento impone referido al tratamiento de datos personales como deben de tratarse.

Como debe ser el tratamiento de datos personales?

Todo tratamiento de datos personales debe ser lícito y leal.

Conocimiento del interesado del tratamiento de sus datos personales

Para las personas físicas debe quedar totalmente claro que se están recogiendo, utilizando, consultando o tratando de otra manera datos personales que les conciernen, así como la medida en que dichos datos son o serán tratados.

Principio de transparencia en el tratamiento de datos personales

El principio de transparencia exige que toda información y comunicación relativa al tratamiento de dichos datos sea fácilmente accesible y fácil de entender, y que se utilice un lenguaje sencillo y claro.

Dicho principio se refiere en particular a la información de los interesados sobre la identidad del responsable del tratamiento y los fines del mismo y a la información añadida para garantizar un tratamiento leal y transparente con respecto a las personas físicas afectadas y a su derecho a obtener confirmación y comunicación de los datos personales que les conciernan que sean objeto de tratamiento.

Conocimiento de los riegos y ejercicio de derechos

Las personas físicas deben tener conocimiento de los riesgos, las normas, las salvaguardias y los derechos relativos al tratamiento de datos personales así como del modo de hacer valer sus derechos en relación con el tratamiento.

Conocimiento de los fines del tratamiento de datos personales

En particular, los fines específicos del tratamiento de los datos personales deben ser explícitos y legítimos, y deben determinarse en el momento de su recogida.

La adecuación de la recogida de datos personales

Los datos personales deben ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para los fines para los que sean tratados.

Ello requiere, en particular, garantizar que se limite a un mínimo estricto su plazo de conservación.

Los datos personales solo deben tratarse si la finalidad del tratamiento no pudiera lograrse razonablemente por otros medios.

Garantía de conservación de los datos personal el tiempo indispensable

Para garantizar que los datos personales no se conservan más tiempo del necesario, el responsable del tratamiento ha de establecer plazos para su supresión o revisión periódica.

Medidas para garantizar la supresión o rectificación de datos personales

Deben tomarse todas las medidas razonables para garantizar que se rectifiquen o supriman los datos personales que sean inexactos.

La seguridad en el tratamiento de los datos personales

Los datos personales deben tratarse de un modo que garantice una seguridad y confidencialidad adecuadas de los datos personales, inclusive para impedir el acceso o uso no autorizados de dichos datos y del equipo utilizado en el tratamiento.

Fuente de información principal: REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016

El interés legítimo en el tratamiento de datos personales

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El interés en el tratamiento datos personales

El interés legítimo de un responsable del tratamiento de datos personales, incluso el de un responsable del tratamiento al que se puedan comunicar datos personales, o de un tercero, puede constituir una base jurídica para el tratamiento de los datos personales, siempre que no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades del interesado, teniendo en cuenta las expectativas razonables de los interesados basadas en su relación con el responsable.

Tal interés legítimo podría darse, por ejemplo, cuando existe una relación pertinente y apropiada entre el interesado y el responsable del tratamiento, como en situaciones en las que el interesado es cliente o está al servicio del responsable.

En cualquier caso, la existencia de un interés legítimo requeriría una evaluación meticulosa, inclusive si un interesado puede prever de forma razonable, en el momento y en el contexto de la recogida de datos personales, que pueda producirse el tratamiento con tal fin.

En particular, los intereses y los derechos fundamentales del interesado podrían prevalecer sobre los intereses del responsable del tratamiento cuando se proceda al tratamiento de los datos personales en circunstancias en las que el interesado no espere razonablemente que se realice un tratamiento ulterior.

Dado que corresponde al legislador establecer por ley la base jurídica para el tratamiento de datos personales por parte de las autoridades públicas, esta base jurídica no debe aplicarse al tratamiento efectuado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.

El tratamiento de datos personales estrictamente necesario para la prevención del fraude constituye también un interés legítimo del responsable del tratamiento de que se trate.

El tratamiento de datos personales con fines de mercadotecnia directa puede considerarse realizado por interés legítimo.

Base de información principal: REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016

Pensión de viudedad reconocida a partes iguales a dos viudas

Jurisprudencia Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo reconoce a dos viudas el derecho a compartir la pensión de viudedad

El Tribunal Supremo reconoce el derecho de dos viudas de un soldado marroquí polígamo que sirvió al ejército español en el Sáhara a compartir la pensión de viudedad

El Tribunal Supremo hilando muy fino en esta Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, reconoce el derecho a cobrar la pensión de viudedad a las dos esposas de un ciudadano marroquí polígamo que sirvió para el ejército español en el Sáhara y que percibía una paga con cargo al Estado español. La pensión, que sí tenía reconocida la primera mujer, se distribuirá a partes iguales entre las dos viudas.

El tribunal estima el recurso de casación presentado por la segunda esposa del fallecido contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que confirmó la resolución administrativa que le había denegado el derecho a cobrar la citada pensión.

¿Se cuestiona la propia doctrina del Tribunal Supremo sobre pensión de viudedad?

La Sala Tercera no cuestiona su propia doctrina que fijó que la poligamia es contraria al orden público español, pero precisa que este criterio no puede aplicarse a este caso concreto porque es el propio Estado español el que, como sujeto de derecho internacional y a pesar de la proscripción del matrimonio polígamo en nuestro ordenamiento jurídico, admite un determinado efecto a dicho matrimonio en el artículo 23 del Convenio de Seguridad Social firmado entre España y Marruecos el 8 de noviembre de 1979. Ese artículo dispone que “la pensión de viudedad causada por un trabajador marroquí será distribuida, en su caso, por partes iguales y definitivamente entre quienes resulten ser, conforme a la legislación marroquí, beneficiarias de dicha prestación”.

La vía interpretativa utilizada por el Tribunal Supremo del art. 96 de la Constitución

La Sala señala que ese artículo, por la posición jerárquica que tiene en nuestro ordenamiento jurídico y por el reconocimiento que le otorga el artículo 96 de la Constitución española, “permite que por vía interpretativa” se pueda ampliar o extender la condición de beneficiarias en el régimen de clases pasivas del Estado a todas las esposas que estuvieran simultáneamente casadas, en una situación de poligamia, con el fallecido, que percibía una pensión con cargo al Estado español, y que fuesen beneficiarias de la misma según la legislación marroquí.

La poligamia no impide el reconocimiento de la pensión de viudedad en este caso

Por ello, el tribunal concluye que la situación de poligamia del fallecido “no impide, por razones de orden público, el reconocimiento del derecho a una pensión de viudedad a favor de todas las esposas que, de acuerdo con su ley personal, estuvieran simultáneamente casadas con el causante perceptor de una pensión con cargo al Estado español”. Para calcular el importe que corresponde a cada una de las esposas, el tribunal se basa en ese mismo artículo -23 del citado Convenio- que acuerda que la única pensión de viudedad que se reconozca se dividirá por partes iguales entre las beneficiarias de acuerdo con la legislación marroquí.

Voto particular de D. José Luis Requero y Jorge Rodríguez-Zapata

La sentencia incluye un voto particular firmado por los magistrados José Luis Requero y Jorge Rodríguez-Zapata en el que expresan sus discrepancias con la interpretación que la mayoría realiza del Convenio de Seguridad Social firmado entre España y Marruecos. En la misma línea que el abogado del Estado, que se opuso a la concesión de la pensión por ser la poligamia contraria al orden público, los magistrados defienden una aplicación restrictiva de dicho Convenio “pues lo contrario implica reconocer un derecho para quien ha estado unido matrimonialmente no ya bajo una forma matrimonial no reconocida en España, sino que se asienta sobre una base constitutiva de delito por ser contrario al sistema de valores que protege el ordenamiento español”.

Añaden que la situación social de España cuando se firmó el Convenio es muy distinta a la situación actual y señala que hoy día son varios millones las personas, que proceden de países de religión musulmana, que viven legalmente en España. “Es necesario posibilitar su integración, lo que es compatible con la idea de que su acogida en España no debe implicar la renuncia a sus costumbres ni a su religión, pero dentro de los límites que marca nuestra cultura y nuestro sistema de valores, lo que tiene su reflejo en el orden público constitucional que protege la dignidad de la mujer”, subrayan los magistrados en su voto.

“Con pronunciamientos como el de la sentencia mayoritaria –concluyen- se van abriendo poco a poco brechas que debilitan nuestras señas de identidad, y que su aplicación sea en un aspecto muy limitado no quita para que, dado ese paso, se vaya a su extensión a otros supuestos aún más inaceptables”.

Fuente de información principal: Tribunal Supremo (Sentencia aún no publicada en el CENDOJ)