Permiso retribuido recuperable para trabajadores por cuenta ajena COVID-19

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Permiso retribuido recuperable para los trabajadores por cuenta ajena por coronavirus

El Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, publicado en el BOE nº 87 de 29 de marzo de 2020, establece lo siguiente:

Artículo 1. Ámbito subjetivo de aplicación.

1. El presente real decreto-ley se aplicará a todas las personas trabajadoras por cuenta ajena que presten servicios en empresas o entidades del sector público o privado y cuya actividad no haya sido paralizada como consecuencia de la declaración de estado de alarma establecida por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

2. No obstante, quedan exceptuados del ámbito de aplicación:

a) Las personas trabajadoras que presten servicios en los sectores calificados como esenciales en el anexo de este real decreto-ley.

b) Las personas trabajadoras que presten servicios en las divisiones o en las líneas de producción cuya actividad se corresponda con los sectores calificados como esenciales en el anexo de este real decreto-ley.

c) Las personas trabajadoras contratadas por (i) aquellas empresas que hayan solicitado o estén aplicando un expediente de regulación temporal de empleo de suspensión y (ii) aquellas a las que les sea autorizado un expediente de regulación temporal de empleo de suspensión durante la vigencia del permiso previsto este real decreto-ley.

d) Las personas trabajadoras que se encuentran de baja por incapacidad temporal o cuyo contrato esté suspendido por otras causas legalmente previstas.

e) Las personas trabajadoras que puedan seguir desempeñando su actividad con normalidad mediante teletrabajo o cualquiera de las modalidades no presenciales de prestación de servicios.

Artículo 2. Permiso retribuido.

1. Las personas trabajadoras que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del presente real decreto-ley disfrutarán de un permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive.

2. El presente permiso conllevará que las personas trabajadoras conservarán el derecho a la retribución que les hubiera correspondido de estar prestando servicios con carácter ordinario, incluyendo salario base y complementos salariales.

Artículo 3. Recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido.

1. La recuperación de las horas de trabajo se podrá hacer efectiva desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020.

2. Esta recuperación deberá negociarse en un periodo de consultas abierto al efecto entre la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras, que tendrá una duración máxima de siete días.

En el supuesto de que no exista representación legal de las personas trabajadoras, la comisión representativa de estas para la negociación del periodo de consultas estará integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. La comisión estará conformada por una persona por cada uno de los sindicatos que cumplan dichos requisitos, tomándose las decisiones por las mayorías representativas correspondientes. En caso de no conformarse esta representación, la comisión estará integrada por tres personas trabajadoras de la propia empresa, elegidos conforme a lo recogido en el artículo 41.4 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

En cualquiera de los supuestos anteriores, la comisión representativa deberá estar constituida en el improrrogable plazo de cinco días.

Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo. Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de las personas que integran la representación legal de las personas trabajadoras o, en su caso, de la mayoría de los miembros de la comisión representativa siempre que, en ambos casos, representen a la mayoría de las personas que se hayan visto afectadas por este permiso extraordinario.

Las partes podrán acordar en cualquier momento la sustitución del periodo de consultas por los procedimientos de mediación o arbitraje previstos en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico a los que hace referencia el artículo 83 del de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
El acuerdo que se alcance podrá regular la recuperación de todas o de parte de las horas de trabajo durante el permiso regulado en este artículo, el preaviso mínimo con que la persona trabajadora debe conocer el día y la hora de la prestación de trabajo resultante, así como el periodo de referencia para la recuperación del tiempo de trabajo no desarrollado.

De no alcanzarse acuerdo durante este periodo de consultas, la empresa notificará a las personas trabajadoras y a la comisión representativa, en el plazo de siete días desde la finalización de aquel, la decisión sobre la recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante la aplicación del presente permiso.

3. En cualquier caso, la recuperación de estas horas no podrá suponer el incumplimiento de los periodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la ley y en el convenio colectivo, el establecimiento de un plazo de preaviso inferior al recogido en el artículo 34.2 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ni la superación de la jornada máxima anual prevista en el convenio colectivo que sea de aplicación. Asimismo, deberán ser respetados los derechos de conciliación de la vida personal, laboral y familiar reconocidos legal y convencionalmente

Artículo 4. Actividad mínima indispensable.

Las empresas que deban aplicar el permiso retribuido recuperable regulado en este artículo podrán, en caso de ser necesario, establecer el número mínimo de plantilla o los turnos de trabajo estrictamente imprescindibles con el fin de mantener la actividad indispensable. Esta actividad y este mínimo de plantilla o turnos tendrá como referencia la mantenida en un fin de semana ordinario o en festivos.

Artículo 5. Adaptación de actividades.

El Ministro de Sanidad, en su condición de autoridad competente delegada, podrán modificar o especificar, mediante las órdenes necesarias, las actividades que se ven afectadas por el permiso retribuido recuperable previsto en este artículo y sus efectos.

Disposición transitoria primera. Garantías para la reanudación de la actividad empresarial.

En aquellos casos en los que resulte imposible interrumpir de modo inmediato la actividad, las personas trabajadoras incluidas en el ámbito subjetivo de este real decretoley podrán prestar servicios el lunes 30 de marzo de 2020 con el único propósito de llevar a cabo las tareas imprescindibles para poder hacer efectivo el permiso retribuido recuperable sin perjudicar de manera irremediable o desproporcionada la reanudación de la actividad empresarial.

Disposición transitoria segunda. Continuidad de los servicios de transporte.

Aquellas personas trabajadoras del ámbito del transporte que se encuentren realizando un servicio no incluido en este real decreto-ley en el momento de su entrada en vigor, iniciarán el permiso retribuido recuperable una vez finalizado el servicio en curso, incluyendo como parte del servicio, en su caso, la operación de retorno correspondiente.

Disposición adicional primera. Empleados públicos.

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública y los competentes en las comunidades autónomas y entidades locales quedan habilitados para dictar las instrucciones y resoluciones que sean necesarias para regular la prestación de servicios de los empleados públicos incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, con el objeto de mantener el funcionamiento de los servicios públicos que se consideren esenciales.

Disposición adicional segunda. Personal con legislación específica propia.

1. Respecto del personal comprendido en el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se dictarán las instrucciones y resoluciones necesarias para determinar el régimen jurídico aplicable tanto en lo que se refiere al carácter esencial de sus servicios como a la organización concreta de los mismos.

2. Las instrucciones y resoluciones a que se refiere el apartado primero se dictarán, en sus respectivos ámbitos, por las autoridades competentes de las Cortes Generales, de los demás Órganos Constitucionales del estado, por el Ministerio de Defensa, por el Ministerio del Interior, por el Ministerio de Justicia, por el Centro Nacional de Inteligencia y por el Banco de España y el Fondo de Garantía de Depósitos.

Disposición adicional tercera. Servicios esenciales en la Administración de Justicia.

Los jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y demás personal al servicio de la misma seguirán atendiendo las actuaciones procesales no suspendidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y, de esta manera, cumplirán con los servicios esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas con competencias en la materia, y plasmados en la Resolución del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, con las adaptaciones que en su caso sean necesarias a la vista de lo dispuesto en el presente Real Decreto-Ley. Asimismo, continuarán prestando servicios el personal de Administración de Justicia que sea necesario para la prestación de servicios esenciales del Registro Civil conforme a las Instrucciones del Ministerio de Justicia.

Disposición adicional cuarta. Continuación de actividad.

Podrán continuar las actividades no incluidas en el anexo que hayan sido objeto de contratación a través del procedimiento establecido en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Disposición adicional quinta. Personal de empresas adjudicatarias de contratos del sector público.

El permiso retribuido recuperable regulado en este real decreto-ley no resultará de aplicación a las personas trabajadoras de las empresas adjudicatarias de contratos de obras, servicios y suministros del sector público que sean indispensables para el mantenimiento y seguridad de los edificios y la adecuada prestación de los servicios públicos, incluida la prestación de los mismos de forma no presencial, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Disposición final única. Entrada en vigor.

Este real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

¿Se puede despedir durante el estado de alarma?

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¿Se puede despedir durante el estado de alarma?

El Gobierno de España, mediante Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, (BOE 28 de marzo) por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19, ha establecido lo siguiente:

Artículo 2. Medidas extraordinarias para la protección del empleo.

La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.

Ello quiere decir que los despidos basados en estas causas de fuerza mayor, o causas económicas, técnicas organizativas y de producción, tendrán la consideración de despidos nulos, si bien quedan subsistentes el resto de formas de despido.

¿Que despidos quedan subsistentes?

Quedan subsistentes los siguientes despidos a instancia del empresario:

  • Despido disciplinario (art.54 TRLET): Causas que pueden fundamentarse en algunas como las siguientes: Faltas de asistencia y puntualidad al trabajo Indisciplina y desobediencia Ofensas verbales o físicas al empresario u otras personas Transgresión de la buena fe contractual y el abuso de confianza en el desempeño del trabajo Disminución del rendimiento. Embriaguez o toxicomanía Acoso, etc.
  • Despido fundado en causas de violencia de género: Para poder acogerse a este supuesto la trabajadora debe aportar una orden judicial de protección o bien el título de acreditación emitido por el Ministerio Fiscal.

Formalidades del despido disciplinario

De acuerdo con lo dispuesto en el art.55.1 del Estatuto de los Trabajadores:

«El despido deberá ser notificado por escrito al trabajador, haciendo figurar los hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá efectos. Por Convenio Colectivo podrán establecer otras exigencias formales para el despido.»

Exigencias para el despido disciplinario

El empresario que realice el despido basado en causas disciplinarios ha de hacerlo ateniéndose a unas exigencias de forma concretas: debe hacerlo «en forma escrita», constituyendo el documento en el que se manifiesta la voluntad empresarial de despedir el que se conoce comúnmente como «carta de despido».

Consecuencias del despido disciplinario

El despido disciplinario puede y dará lugar en muchos casos a la consideración del mismo en los Jugados como despido improcedente, dando lugar a las indemnización establecida legalmente.

Mas sobre despido disciplinario

¿En realidad que es lo que ha causado el Gobierno con la prohibición del despido por causas del COVID-19?

Bajo nuestro punto de vista la medida establecida por el Gobierno, lo que va a provocar es el encarecimiento del despido, dado que no es una prohibición completa del mismo, sino que el empresario que se vea obligado o no tenga más remedio que cerrar su negocio, sin posibilidades de que éste se recupere o con expectativas de que ello suceda o bien realiza otro tipo de despido (causas disciplinarias) y que pueda considerarse como improcedente con la consiguiente indemnización  o bien realiza un concurso de acreedores, con la consiguiente carestía del despido y del cese de la actividad empresarial.

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10 Diferencias entre Incapacidad y Discapacidad

diferencias entre discapacidad e incapacidad

Discapacidad e Incapacidad, si bien son términos que solemos confundir, lo cierto es que no son lo mismo y uno puede estar presente mientras el otro se encuentra totalmente ausente. De esta forma, una persona que presenta una discapacidad en la vida cotidiana, puede no tener ninguna discapacidad para trabajar y viceversa. Veamos diez de sus principales diferencias.

10 diferencias entre la incapacidad y la discapacidada

a) La incapacidad se refiere al ámbito laboral:

Hablar de incapacidad es decir que la persona se encuentra impedida para llevar a cabo una o varias funciones laborales. Dicha incapacidad puede ser total, absoluta o parcial. En la primera, la persona no puede tener puede trabajar en el mismo trabajo que desempeñaba, en la segunda en ningún tipo de trabajo, mientras que en la tercera solo se ve limitada de hacer determinadas funciones, por lo que podría cambiar de trabajo.

b) La discapacidad se refiere a actividades cotidianas

Por su parte, la discapacidad no necesariamente limita al individuo en el ámbito laboral.

El tener una discapacidad, implica que la persona afectada encuentra limitaciones para hacer actividades que, según su edad, sexo y factores culturales, debería poder llevar a cabo de forma normal.

Organismos competentes para declararlas

Cada una de ellas (discapacidad e incapacidad) depende de un organismo diferente. Aquel que se encarga de decidir y calificar la incapacidad es el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), mientras que los organismos competente que se encargan de declarar la discapacidad son los que dependen de las Comunidades Autónomas.

a) La discapacidad conlleva beneficios fiscales

Quien es declarado con discapacidad superior al 33% percibe beneficios fiscales en el IVA, IRPF, impuesto de circulación e impuesto de matriculación. Es así que esta condición permite acceder a bonos taxi, a zonas de aparcamiento reservadas para quienes la padecen y a beneficios en la adquisición de material ortopédico o incluso de vivienda.

b) La incapacidad no tiene beneficios Fiscales con carácter general

Esta condición permite percibir una cuantía mensual (pensión por incapacidad) en relación con la base reguladora que se tenía cuando se trabajaba, viéndose suspendida la actividad laboral de forma temporal o permanente. No obstante, no implica la obtención de beneficio fiscal o social salvo en el caso de la Incapacidad Permanente Absoluta.

La incapacidad genera el derecho a percibir prestaciones económicas o pensión

La Incapacidad ya sea de forma temporal o permanente, quien se vea imposibilitado para trabajar tendrá derecho a percibir una determinada cuantía mensual por parte de la Seguridad Social (dependerá del tiempo mínimo cotizado para el caso de la incapacidad permanente). Dicha prestación económica no dependerá de los recursos económicos con los que la persona cuente.

La discapacidad genera subsidios, pero no siempre

Para percibir la ayuda económica inherente a la discapacidad, tal como la que se necesita para poder pagar la ayuda de terceros o desplazarse a la consulta médica, hay que cumplir ciertos requisitos (más del 65% de grado de discapacidad) relacionados a la falta de recursos propios. Por otra parte, el dinero a percibir no proviene de la Seguridad Social.

La discapacidad no necesariamente nos aleja del trabajo

Padecer una discapacidad no es sinónimo de vernos imposibilitados de trabajar. Muchas personas que sufren de ellas se desempeñan de forma exitosa en diversos empleos.

La incapacidad no nos aleja necesariamente de las actividades cotidianas

Mientras que una persona con discapacidad puede necesitar ayuda para comer o moverse, entre otras actividades, quien tiene una incapacidad puede encontrarse en pleno uso de sus facultades físicas y mentales, si bien el reconocimiento de una Incapacidad Permanente en el grado de Total, implica automáticamente la concesión de una discapacidad del 33%.

Para declarar la incapacidad se tienen en cuenta los requerimientos del puesto de trabajo

Este factor convierte a la incapacidad en un factor relativo, ya que mientras una persona puede estar incapacitada para desempeñarse como telefonista, muy probablemente no lo esté para atender el mostrador al público en una empresa. En cambio, la discapacidad no se basa en las demandas del puesto laboral.

Noticias jurídicas del coronavirus -Medidas urgentes de apoyo BOE 18-3-20

Noticias jurídicas coronavirus boe 18-3-20

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf

Medidas de apoyo a los trabajadores, familias y colectivos vulnerables

Artículo 1.- Concesión de un suplemento de crédito en el Presupuesto del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para financiar un Fondo Social Extraordinario destinado exclusivamente a las consecuencias sociales del COVID-19.

Artículo 2. Distribución del Fondo Social Extraordinario entre las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Artículo 3. Destino del superávit de las entidades locales correspondiente a 2019 y aplicación en 2020 de la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 4. Garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables.

Artículo 5. Carácter preferente del trabajo a distancia.

Artículo 6. Derecho de adaptación del horario y reducción de jornada.

Artículo 7. Moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual.

Artículo 8. Ámbito de aplicación de la moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual.

Artículo 9. Definición de la situación de vulnerabilidad económica

Artículo 10. Fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores.

Artículo 11. Acreditación de las condiciones subjetivas.

Artículo 12. Solicitud de moratoria sobre las deudas hipotecarias inmobiliarias

Artículo 13. Concesión de la moratoria.

Artículo 14. Efectos de la moratoria.

Artículo 15. Inaplicación de intereses moratorios.

Artículo 16. Consecuencias de la aplicación indebida por el deudor de las medidas para la reestructuración de la deuda hipotecaria inmobiliaria.

Artículo 17. Prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Artículo 18. Garantía en el mantenimiento de los servicios de comunicaciones electrónicas y la conectividad de banda ancha.

Artículo 19. Garantía en la prestación del servicio universal de telecomunicaciones.

Artículo 20. Suspensión de la portabilidad.

Artículo 21. Interrupción del plazo para la devolución de productos durante vigencia del estado de alarma.

CAPÍTULO II

Medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos

Artículo 22. Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor

Artículo 23. Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causa económica, técnica, organizativa y de producción

Artículo 24. Medidas extraordinarias en materia de cotización en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor relacionados con el COVID-19.

Artículo 25. Medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo en aplicación de los procedimientos referidos en los artículos 22 y 23.

Artículo 26. Limitación temporal de los efectos de la presentación extemporánea de solicitudes de prestaciones por desempleo

Artículo 27. Medidas extraordinarias relativas a la prórroga del subsidio por desempleo y a la declaración anual de rentas.

Artículo 28. Plazo de duración de las medidas previstas en el Capítulo II.

CAPÍTULO III

Garantía de liquidez para sostener la actividad económica ante las dificultades transitorias consecuencia de la situación

Sección 1.ª Línea de avales para las empresas y autónomos para paliar los efectos económicos del COVID-19 y ampliación del límite de endeudamiento neto del ICO

Artículo 29. Aprobación de una Línea para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos.

Sección 2.ª Ampliación del límite de endeudamiento neto del ICO con el fin de aumentar los importes de las Líneas ICO de financiación a empresas y autónomos

Artículo 30. Ampliación del límite de endeudamiento neto del ICO con el fin de aumentar las Líneas ICO de financiación a empresas y autónomos.

Artículo 31. Línea extraordinaria de cobertura aseguradora.

Artículo 32. Atribución de competencias para el despacho aduanero.

Artículo 33. Suspensión de plazos en el ámbito tributario.

Artículo 34. Medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias del COVID-19.

Artículo 35. Medidas financieras dirigidas a los titulares de explotaciones agrarias que hayan suscrito préstamos como consecuencia de la situación de sequía de 2017

CAPÍTULO IV

Medidas de apoyo a la investigación del COVID-19

Artículo 36. Medidas laborales excepcionales en el ámbito de las entidades públicas integrantes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Artículo 37. Concesión de créditos extraordinarios en el presupuesto del Ministerio de Ciencia e Innovación en relación con la investigación científica en el ámbito del Coronavirus COVID-19.

Artículo 38. Reglas relativas a las aportaciones dinerarias efectuadas por el Instituto de Salud Carlos III y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la investigación científica y técnica derivada de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-19.

CAPÍTULO V

Otras medidas de flexibilización

Artículo 39. Régimen especial de convenios relacionados con el COVID-19

Artículo 40. Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado.

Artículo 41. Medidas extraordinarias aplicables al funcionamiento de los órganos de gobierno de las Sociedades Anónimas Cotizadas.

Artículo 42. Suspensión del plazo de caducidad de los asientos del registro durante la vigencia del real decreto de declaración del estado de alarma.

Artículo 43. Plazo del deber de solicitud de concurso.

Disposición adicional primera. Habilitación de créditos presupuestarios.

Disposición adicional segunda. Créditos presupuestarios.

Disposición adicional tercera. Ejercicio de competencias de los órganos y unidades de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.

Disposición adicional cuarta. Prórroga de la vigencia del documento nacional de identidad.

Disposición adicional quinta. Limitación a la aplicación del Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión a los daños y perjuicios consecuencia de la actual crisis sanitaria.

Disposición adicional sexta. Salvaguarda del empleo

Disposición adicional séptima. Autorización al Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC).

Disposición adicional octava. Plan ACELERA.

Disposición adicional novena. No aplicación suspensión plazos administrativos del Real Decreto 463/2020.

Disposición transitoria primera. Limitación a la aplicación a los expedientes de regulación de empleo.

Disposición transitoria segunda. Comienzo de la moratoria.

Disposición transitoria tercera. Aplicación de determinadas medidas del real decreto-ley

Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia.

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior.

Disposición final quinta. Modificación de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

Disposición final sexta. Modificación del artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.

Disposición final séptima. Desarrollo reglamentario y ejecución.

Disposición final octava. Título competencial.

Disposición final novena. Entrada en vigor. Este real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Disposición final décima. Vigencia. Las medidas previstas en el presente real decreto ley mantendrán su vigencia durante el plazo de un mes desde su entrada en vigor, sin perjuicio de que, previa evaluación de la situación, se pueda prorrogar su duración por el Gobierno mediante real decreto-ley. No obstante lo anterior, aquellas medidas previstas en este real decreto-ley que tienen plazo determinado de duración se sujetarán al mismo. Dado en

Madrid, el 17 de marzo de 2020.

¿Puede ser usura los intereses cobrados por el uso de las tarjetas revolving?

Usura y tarjeta revolving

Las tarjetas revolving han adquirido notable popularidad gracias al holgado método que ofrecen para devolver el dinero utilizado. A diferencia de las tarjetas de crédito habituales, las cuales requieren que el dinero que prestaron el mes anterior les sea devuelto de forma íntegra al siguiente, ya que de lo contrario el banco emisor de la tarjeta aplicará intereses sobre la deuda generada, las tarjetas revolving de la firma WiZink permiten dividir en plazos el reintegro del capital prestado. Sin embargo, al haber alcanzado el 27% anual por intereses, el Tribunal Supremo declaró que estos eran abusivos.

¿Qué implica una tarjeta revolving?

El nombre revolving le es otorgado a este tipo de tarjeta porque cuando el cliente reembolsa una parte de su crédito al banco cada mes, dicha porción del crédito pasa a estar nuevamente disponible para el cliente. Por ende, lo puede volver a utilizar. Como su propio nombre lo dice: girar, esta clase de crédito cuenta con una renovación automática ante cada nuevo pago que se hace a su favor.

Sistema de intereses de las tarjetas revolving

La característica más peculiar de las tarjetas revolving no yace en lo que otorga, sino en lo que prohíbe. Por más que el usuario tenga el dinero en mano y desee cancelar la deuda, el sistema revolving no se lo permite. Por lo tanto, una vez contraída la deuda, esta solo podrá disminuir mes a mes.

¿Cuál es la finalidad de la entidad crediticia? Poder fijar intereses excesivamente altos debido a pertenecer a un mercado diferenciado, el cual goza con la licencia de poder estipular intereses más altos que la media.

A cambio de ello, le ofrece al cliente pagar la deuda por medio de una cuota fija o de un porcentaje del crédito que ha utilizado.

Otra de las trampas de este sistema es que, cuando la cuota elegida por el cliente es demasiado baja con respecto a la totalidad de la deuda, esta no alcanza a cubrir los intereses. En tal caso, lejos de disminuir, la deuda termina aumentando con cada pago realizado, convirtiéndose en una auténtica bola de nieve.

¿Qué dice el Tribunal Supremo acerca de los intereses de las tarjetas revolving?

Una tarjeta de crédito promedio tiene el 20% de interés anual, lo cual, comparado con el 25% de las tarjetas revolving para financiar compras y con el 29% de estas mismas para retirar efectivo de los cajeros, resulta en una abismal diferencia.

Por lo tanto, el Tribunal Supremo se ha pronunciado al respecto y ha declarado abusivos a sus intereses.

El pasado miércoles 4 de marzo, el Tribunal Supremo falló a favor de una cliente de WiZink, quien pidió se declarara nula su operación crediticia debido a los intereses usureros a los que esta había llegado con su 27% anual.

Basándose en la Ley de Represión de la Usura de 1908, el Tribunal Supremo se remitió a las estadísticas oficiales del Banco de España, las cuales arrojaron el 20% como el interés normal del dinero que las tarjetas de crédito deben aplicar. Por lo tanto, el 27% que  WiZink había marcado fue hallado usurero y, por ende, nulo.