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DERECHO PENAL: ABOGADOS PENALISTAS

EL CÓDIGO PENAL Y LA LEGISLACIÓN PENAL

Nuestro código penal en su art. 1 establece:

1. No será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito o falta por Ley anterior a su perpetración.

2. Las medidas de seguridad sólo podrán aplicarse cuando concurran los presupuestos establecidos previamente por la Ley.

Otro de los principios rectores del código penal, señala (art.2)

No será castigado ningún delito ni falta con pena que no se halle prevista por Ley anterior a su perpetración. Carecerán, igualmente, de efecto retroactivo las Leyes que establezcan medidas de seguridad.

No obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre la determinación de la Ley más favorable, será oído el reo. Los hechos cometidos bajo la vigencia de una Ley temporal serán juzgados, sin embargo, conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario.

No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales.

Tampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita por la Ley y reglamentos que la desarrollan, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto. La ejecución de la pena o de la medida de seguridad se realizará bajo el control de los Jueces y Tribunales competentes.

LAS DILIGENCIAS O ATESTADOS POLICIALES

Se instruyen por los miembros integrantes de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con carácter general el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y las Policías Autonómicas.

La instrucción se inicia bien de oficio, producto de una investigación de las FCSE o bien mediante una denuncia de un ciudadano español o extranjero que ha sido víctima de un presunto delito.

La instrucción se desarrolla en varias fases, dependiendo de la complejidad delictiva a investigar, la fase inicial es la fase en la que tienen conocimiento del hecho, lo que denominan apertura de diligencias, para posteriormente, desarrollarlas con las fases correspondientes de recogida de pruebas indiciarias, piezas de convicción, diligencias de escucha, diligencia de entrada y registro en lugar cerrado para registros domiciliarios, detención de presuntos implicados y puesta a disposición de los mismos.

MODELO DE DILIGENCIAS POLICIALES

JUICIOS RÁPIDOS

La Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la LECrim, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado, y la Ley Orgánica 8/2002, de 24 de octubre, complementaria de la anterior, introdujeron en nuestra normativa procesal los llamados «juicios rápidos».

Dicho enjuiciamiento rápido de determinados delitos (art. 795 LECrim) tiene como ejes fundamentales: la ampliación de las funciones de la Policía Judicial (796 LECrim), la instrucción concentrada ante el Juzgado en funciones de guardia (797 LECrim) y la preparación del juicio oral ante aquél (art. 800 LECrim) siempre bajo la primacía de la oralidad y con establecimiento de brevísimos plazos.

La reforma también abordó la modificación del enjuiciamiento de faltas permitiendo que aquellas que se encuentran recogidas en el art. 962 LECrim, y residualmente las restantes, puedan ser enjuiciadas ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, en un plazo no superior a veinticuatro horas, y de no ser posible, en un tiempo breve.

La conformidad premiada introducida por la LO 8/2002, art. 801 LECrim, no es un procedimiento especial sino una forma de finalización del procedimiento de enjuiciamiento rápido de delitos. Mediante esta institución se reconocen efectos penológicos al principio de oportunidad, disminuyendo imperativamente la pena solicitada por la acusación en un tercio.

Dentro de las actuaciones previstas en el art. 796 LECrim se regulan como diligencias las citaciones al denunciado, a los testigos, a los ofendidos y perjudicados, a las entidades del art. 117 CP, pero, en ningún caso, se alude expresamente a los Abogados. Aunque no exista disposición legal que obligue a realizar dicha citación, no puede olvidarse que el art. 767 LECrim establece que «desde la detención o desde que de las actuaciones resultare la imputación de un delito contra persona determinada será necesaria la asistencia letrada»; por este motivo, en su comparecencia ante el Juzgado de guardia, en el día y hora predeterminado por la Agenda Programada de Citaciones, el imputado ha de contar, en todo caso, con dicha asistencia. Por este motivo, se hace necesario que la Policía Judicial proceda a citar también a los Abogados, como de hecho se viene realizando ya en algunos Partidos Judiciales.

MODELO DILIGENCIA COMUNICACIÓN DERECHOS POR ALCOHOLEMIA

¿Son hábiles todos los días del año para la celebración de «juicios rápidos»?

La LOPJ en la redacción dada por LO 19/2003, de 23 de diciembre (arts. 182 y 183 LOPJ), establece que son horas hábiles para las actuaciones judiciales las comprendidas entre las ocho de la mañana y las ocho de la tarde de todos los días del año, con las siguientes excepciones:

- Los sábados y domingos.

 Los días 24 y 31 de diciembre, los días de fiesta nacional y los declarados festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad Autónoma o localidad.

- El mes de agosto.

Por el contrario, en el ordenamiento penal son hábiles todos los días para la práctica de las diligencias correspondientes a la fase de instrucción que podrán tener lugar en cualquier día y hora según lo previsto en los arts. 184.1 LOPJ y 201 LECrim.

Los juicios rápidos, al igual que el sumario y el procedimiento abreviado, también constan de tres fases, siendo las dos primeras –de instrucción e intermedia– competencia del Juez de Instrucción y la tercera, o fase decisoria, del Juez de lo Penal.

Debemos precisar que en los «juicios rápidos» todos los días son hábiles incluso concluidas las diligencias urgentes de investigación criminal a que se refiere el art. 797 LECrim. Es el propio texto procesal el que dispone este régimen cuando establece que el Juzgado de guardia es competente para la comparecencia con la que se concluye la instrucción del art. 798 LECrim y el trámite de calificaciones provisionales, que la reforma ha pretendido que se realicen en el mismo acto, según dispone el art. 800.1 y 2 LECrim. De aquí el carácter urgente de todas las actuaciones que también ha consagrado el art. 40.1 del Reglamento 5/1995, de 7 de junio, de Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, modificado por el Acuerdo Reglamentario 1/2005, de 27 de abril, que identifica servicio de guardia del Juzgado de Instrucción con diligencias urgentes y establece que «todas estas actuaciones se entenderán urgentes a los efectos del artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial».

TRATAMIENTO DE JUICIOS RÁPIDOS